México, 01 noviembre; poderycritica.-En los primeros 11 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 27 defensores de derechos humanos y del territorio fueron asesinados en diferentes entidades del país, según un recuento realizado por organismos de la sociedad civil.
Cinco de esos homicidios dolosos fueron contra activistas de Oaxaca; la lista de víctimas la encabeza el estado de Chiapas.
Guerrero y Chihuahua también resaltan por el número de defensores asesinados, la primera entidad con cuatro, la segunda con tres. Y nueve entidades del país figuran con un defensor asesinado en cada una de ellas.
EL UNIVERSAL informó que Oaxaca es el tercer estado en México con mayor número de personas beneficiadas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la actualidad 80 oaxaqueños son beneficiarios de dicho Mecanismo, el cual está a su cargo. De ellos, 16 son periodistas: cuatro mujeres y 12 hombres; y 64 son activistas defensores: 24 mujeres y 40 hombres.
La lista con mayor número de beneficiarios la encabeza la Ciudad de México con un total de 136, mientras en la segunda posición le sigue Chiapas con 91.
En Oaxaca, durante el gobierno de López Obrador, han asesinado a cinco activistas. El primer homicidio ocurrió el 20 de enero de 2019, cuando Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), y defensor del derecho a la tierra, fue ultimado en Santiago Jocotepec.
Un día después, el 21 de enero de 2019, fue asesinado Bernardino García Hernández, representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en la comisión que busca la solución al conflicto por medio del diálogo entre su comunidad y San Sebastián Nopalera, ambas poblaciones de la región Mixteca.
El 9 de febrero asesinaron en Juchitán de Zaragoza a Óscar Cazorla, activista muxe y fundador de Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro y defensor de los derechos LGTB.
Mientras que el 11 de abril, Luis Armando Fuentes Aquino, defensor comunitario e integrante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, también activista de la Red de resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, fue asesinado a balazos en San Francisco Ixhuatán.
El 2 de mayo de 2019 asesinaron en San Agustín Loxicha, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, a Telésforo Santiago Enríquez, profesor indígena y activista en una radio comunitaria.
Los asesinatos, agresiones, torturas, allanamiento de oficinas, intimidaciones y campañas de desprestigio, entre otro tipo de atentados contra activistas y periodistas, no han cambiado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la «Cuarta Transformación»; todo lo contrario, han aumentado.
El informe presentado el pasado mes de julio por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, advierte un incremento del 70% en las solicitudes de protección a la Segob, resultado de la comparación de los primeros cinco meses de 2018 y el mismo periodo en este año.
