México, 09 octubre; poderycritica.-La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención provisional, en Cancún, del empresario Raúl Luis Martins, quien es investigado por autoridades de Argentina como probable cabeza de una red criminal de explotación sexual de mujeres y lavado de dinero.
La noche del jueves pasado trascendió, de forma extraoficial, que la Interpol y el Instituto Nacional de Migración (INM) habían detenido al empresario, quien operó durante años establecimientos de table dance en la zona turística de Punta Cancún, en este centro vacacional.
Este martes, la Fiscalía confirmó oficialmente que Martins que la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de la institución, conjuntamente con la Interpol, cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición en contra del empresario, librada por un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Norte.
«Raúl Luis Martins, es investigado por las autoridades argentinas ya que desde finales de 2010 hasta la fecha, posiblemente encabezó una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante el empleo de locales comerciales, así como de lavado de activos de las ganancias de los ilícitos», informó la Fiscalía.
El empresario, quien fue llevado a la Ciudad de México desde la semana pasada y se encuentra ya en un centro de reclusión mientras inicia el proceso de extradición, es requerido por un Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, Argentina, para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Martins Coggiola es conocido en Cancún como un ex espía de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en Argentina, que ha operado desde hace más de 20 años -en su país y aquí- establecimientos dedicados a la explotación sexual de mujeres, como el bar Mix, antes Divas; The One y Maxim. También se le acusa de «surtir» de jóvenes, entre 15 y 23 años, a empresarios locales y líderes de cárteles criminales.
Una de sus principales denunciantes ha sido su hija, Lorena Martins, que en 2012 acudió a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para solicitar que se procediese en su contra, toda vez que gozaba de amplia protección en Argentina.
La mujer dijo en su momento haber aportado pruebas, documentos, libretas con direcciones de teléfonos y nombres de políticos, empresarios y personajes, que le brindaban protección.
Lo más reciente que se supo sobre Martins, fue que una jueza en Argentina dictaminó que éste debía ser procesado por el delito de explotación del ejercicio de la prostitución ajena, solicitando la prisión preventiva y el embargo de sus bienes.
