Washington, 31 Oct (Notimex).- Agentes federales de Estados Unidos permitieron el ingreso ilegal a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación dirigidas a los cárteles de las drogas, reveló un informe del Departamento de Justicia (DOJ).
El reporte de la Oficina del Inspector General del DOJ documentó que agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) marcaron las partes de granadas compradas por el contrabandista Jean Baptiste Kingery para rastrearlas una vez que entraran a México.
“Los cascos de granadas con marcas similares fueron recuperadas por soldados mexicanos en marzo de 2011, después de un intercambio de tiros con miembros de un cártel”, señaló el informe.
El caso de Kingery derivó de la polémica y fallida operación “Rápido y Furioso” (2006-2011) que permitió el trasiego ilegal supervisado de más de dos mil armas de Estados Unidos a México.
De acuerdo con el reporte, el contrabandista fue ubicado desde 2008 cuando actuó como intermediario en la compra de rifles de asalto Ak-47 en Phoenix. Un año después ordenó una amplia cantidad de componentes para la fabricación de granadas explosivas.
“Durante los siguientes cuatro meses, los agentes de la ATF interceptaron dos entregas de las partes de las granadas, las marcaron para ser identificadas con posterioridad y se las entregaron (al contrabandista) en su dirección”, apuntó el informe.
“Los agentes de la ATF trataron de conducir una vigilancia de Kingery para determinar si llevaría los componentes a México (…) (y) trataron de trabajar con agentes mexicanos para seguir y arrestar a Kingery. Ninguno de los dos esfuerzos fue exitoso”, indicó.
En octubre de 2010, Kingery fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Proteccion Fronteriza (CBP), que encontraron 114 cascos de granadas, 114 fusibles y más de 200 rondas de municiones.
Agentes de la ATF y de CBP lo interrogaron pero después de hablar con la Oficina de la Fiscalía Federal en Arizona (AUSA), lo dejaron libre a condición de que regresara voluntariamente al día siguiente. Kingery regresó y se le dejó en libertad sin cargos.
“De acuerdo con AUSA, Kingery no fue acusado por que la ATF lo quería usar como informante. Sin embargo los agentes de la ATF nos dijeron que Kingery nunca fue informante y que se le permitió irse porque AUSA rehusó presentar cargos criminales en su contra”, según el reporte.
Una semana después del interrogatorio, los agentes de ATF perdieron contacto con Kingery, pero poco después se le detuvo de nuevo cuando trataba de reingresar a Estados Unidos. AUSA volvió a rehusarse a acusarlo en ese momento y el contrabandista regresó a México.
La Oficina de la Fiscalía Federal de Arizona es la misma que tuvo a su cargo la supervisión de “Rápido y Furioso”.
En agosto de 2011, Kingery fue por fin arrestado por las autoridades mexicanas con el apoyo de autoridades estadunidenses, informó el inspector general.
A raíz de la participación de AUSA en “Rápido y Furioso”, el Departamento de Justicia reasignó el caso a la Oficina de la Procuraduría Federal en el Distrito Central de California.
Kingery se encuentra detenido y enfrenta un proceso legal acusado de la violación de las leyes mexicanas contra el crimen organizado.
El informe fue develado en momentos que el caso de “Rápido y Furioso” sigue siendo objeto de litigio en los tribunales federales.
En agosto pasado la jueza federal de la Corte de Distrito, Amy Berman Jackson, ordenó al Departamento de Justicia la entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación.
La orden judicial obliga al procurador federal la entrega de los documentos del operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El año pasado la propia jueza Berman Jackson rechazó una petición del procurador Eric Holder –quien dejará el cargo en breve- para anular la demanda del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para la entrega de documentos relacionados con la operación.
El presidente Barack Obama invocó en su momento “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los documentos que el gobierno federal está dispuesto a entregar al Congreso en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.
Aunque un reporte separado del Inspector General exoneró a Holder de cualquier responsabilidad, hizo críticas a tres altos funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.
