Por: Gerardo Amézquita Hernández
Con una multa de 13 mil 500 pesos fue sancionado el alcalde de Nacajuca por desacato a un mandato directo de la Ley de Amparo, misma que le fue impuesta por no realizar una sesión extraordinaria de cabildo para la discusión del ajuste presupuestal y buscar los mecanismos para la obtención de recursos y pagarles a los ex trabajadores que fueron despedidos injustificadamente en el año 2007.
Ante el desacato en el que incurrió el alcalde perredista Pedro Landero López, el Juez Jorge Mercado Mejía Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, decidió multar a dicho funcionario, ya que este no ha querido dar cumplimiento a dicho requerimiento de pago a pesar de que en varias ocasiones lo han invitado a que cumpla, de hecho le han notificado a que este programe el pago en su partida presupuestal del 2015, pero este se niega hacerlo por lo que en esta ocasión el aumento de la multa se ha incrementado.
Según el documento de la imposición de la multa, se ordena girar oficio al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria para que pague dicha multa que son 200 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal que asciende a 67 pesos con 29 centavos diarios.
Cabe mencionar que mientras esto ocurre aquí en Villahermosa, los ex trabajadores siguen con el plantón permanente en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México para exigir el pago que el presidente municipal de Nacajuca se niega a pagar, lo mismo ocurre con el alcalde Paraíso Jorge Alberto Carrillo JHiménez, quien sigue con la idea de no pagar ningún salario caído a pesar de que ya resolvieron en que se les pague a todos los ex empleados.
Estos ex trabajadores llevan ya dos meses de que salieron de Tabasco para exigir justicia allá en la ciudad de México, pero hasta ahora tampoco han sido escuchados, pero el curso jurídico sigue su marcha y puede llegar el grado de que tanto el alcalde de Nacajuca como el Paraíso sean sancionados con la destitución del cargo que ostentan, inhabilitación de ocupar cualquier cargo público, sanción económica y cárcel para ellos, en caso de continuar con la actitud de desacato.
