México, 08 julio; poderycritica.-Al menos tres mil 500 policías federales inconformes con su adhesión a la Guardia Nacional buscan que no se les deje de pagar sus percepciones ordinarias y extraordinarias mientras se resuelve el conflicto.
En tanto, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicaron que las leyes reglamentarias para la creación de la Guardia establecen parámetros claros y acordes a la Constitución.
En dos demandas de amparo que fueron presentadas el viernes pasado ante los juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, tres mil 500 quejosos solicitaron una suspensión para que no sean afectados sus derechos laborales ni se les deje de pagar hasta que se decida si su incorporación al nuevo cuerpo de seguridad es o no constitucional.
En las demandas presentadas por el abogado Iván Chávez, los efectivos de la Policía Federal reclamaron el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de junio, que establece la conformación de la Guardia por tres cuerpos policiacos.
En sus escritos, los federales indicaron que el convenio del Presidente establece que, a diferencia de los elementos de las policías Naval y Militar, ellos no tienen garantizados rangos, prestaciones ni derechos laborales, como la antigüedad.
«No se nos garantiza conservar nuestro grado, rango y todas nuestras prestaciones, el respeto de los derechos con que contamos al momento de ser asignados a la Guardia Nacional, así como el reconocimiento del tiempo de servicio, en esta última para efectos de la antigüedad y de los ascensos a que podamos aspirar», indicaron los policías.
El acuerdo que reclamaron los federales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 28 de junio pasado y entró en vigor el 30 siguiente.
Establece que la nueva corporación estará conformada por elementos de las policías Militar designados por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de la Naval, seleccionados por el titular de Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda, y los integrantes de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería de la PF.
Además de los amparos contra el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal, la Suprema Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó contra las cuatro leyes reglamentarias para la creación de la Guardia Nacional.
Mediante un comunicado, el Gobierno federal difirió de las manifestaciones que la CNDH incluyó en los escritos presentados ante la Corte. «Estamos convencidos de que estos ordenamientos cumplen con los parámetros constitucionales que el Constituyente Permanente tuvo a bien definir con la reforma publicada el pasado 26 de marzo del año en curso», indicó el gobierno federal.
«Contrario a lo planteado por la CNDH, consideramos que no existió omisión legislativa por parte del Congreso. Las leyes retoman cada uno de los aspectos establecidos en el artículo 4° transitorio de la reforma, en el que se establecen las características mínimas que cada ley debe contemplar».
Anunció que a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia defenderá ante la Corte la validez de los artículos impugnados.
Explicó que las leyes nacionales sobre el uso de la fuerza y del registro de detenciones son «ordenamientos sin precedentes» que regulan a todas las instituciones vinculadas a las tareas de seguridad pública en el país. Establecen parámetros claros respecto a los niveles de la fuerza que los agentes de seguridad pueden utilizar en relación con los niveles de resistencia y la forma en que deben emprender los registros de detenciones.
«En el caso de la Ley de la Guardia Nacional consideramos que se reglamenta como una institución policial de carácter civil dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana», agregó.
Afirmó que dicha norma establece que este cuerpo puede tener aspectos homologados a los de las Fuerzas Armadas permanentemente en lo relativo a estructura jerárquica, regímenes de disciplina, ascensos, prestaciones, educación, profesionalización, etcétera.
