Nicaragua, 12 junio; poderycritica.-El Gobierno de Nicaragua liberó a un grupo de 56 personas de los denominados “presos políticos” por la oposición bajo la polémica Ley de Amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Congreso), entre quienes se encuentran los principales líderes campesinos y estudiantiles de las protestas de 2018.
El Gobierno informó en un comunicado que la medida afectó a quienes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó en sus respectivos domicilios.
Vecinos y amigos se congregaron para recibirlos con banderas de Nicaragua, globos blancos y azules y vivas. Algunos dieron las gracias a los trabajadores del CICR por su trabajo en la liberación de los dirigentes más emblemáticos de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega iniciadas en abril del año pasado.
El CICR confirmó que ésta fue la primera vez que el Comité participó activamente en la excarcelación y traslado de los opositores, ya que el resto de las liberaciones se hizo de forma unilateral por parte de las autoridades.
El Gobierno ha ido excarcelando a opositores de manera paulatina desde febrero, cuando el Ejecutivo y la oposición volvieron a la mesa de diálogo. Las conversaciones, sin embargo, quedaron truncadas por lo que la opositora Alianza Cívica consideró incumplimientos del oficialismo. Una de las condiciones para desbloquearlas era la liberación de todos los considerados presos políticos y anular sus juicios.
Después de la liberación de ayer, la Alianza estimó que todavía quedan alrededor de 80 detenidos por participar en las protestas.
Las excarcelaciones tienen lugar días después de que el Congreso unicameral aprobara una ley de amnistía para beneficiar a quienes cometieron “delitos políticos y delitos comunes conexos a éstos” cuando estalló una rebelión social contra Ortega protagonizada en su mayoría por jóvenes estudiantes.
El Gobierno aseguró que la amnistía busca “abonar a la reconciliación de la sociedad”, pero la oposición denunció que la ley dará “protección e impunidad” a miles de policías y paramilitares involucrados en las acciones represivas que dejaron al menos 325 civiles muertos y más de dos mil heridos.
