Una nueva vinculación a proceso para Mauricio “N”, ex-presidente municipal de Solidaridad, trajo de vuelta los casos de empresas fantasma con las cuales esa administración supuestamente realizó contratos para desfalcar al erario municipal, en esta ocasión y dentro de las investigaciones relacionadas con la carpeta 53/2019 por el monto de 51 millones 650 mil 536.94 pesos divididos en tres empresas.
Este millonario monto según la parte acusadora, está contenido en 53 contratos realizados con tres empresas denominadas fantasma, ya que han sido tratadas de ubicar pero no existe rastro de ellas o las direcciones fiscales que tenían registradas, nunca albergaron a las mismas.
La vinculación a proceso por este expediente que consta de más de 16 mil fojas y 200 kilos de peso, fue ordenada por un juez la tarde del 28 de febrero del 2019 y con esto inicia el proceso de comparecencias y presentación de pruebas para determinar si el imputado es inocente o culpable de los cargos requeridos por la fiscalía anticorrupción estatal.
De comprobarse la participación del ex-edil, sentaría un precedente legal ya que se conoce de situaciones similares en lo que fue la administración municipal posterior (2016-2018) de las cuales no se han presentado cargos aún ya que continúa el proceso de investigación por parte de la contraloría municipal.
La denuncia fue presentada por el auditor superior del estado MANUEL PALACIOS HERRERA, al adjudicar indebidamente 53 contratos de prestación de servicios sin sujetarse al procedimiento legal que establecía la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Quintana Roo, ante lo cual, luego del debate sostenido entre los fiscales anticorrupción y la defensa del citado imputado, el juez de control vinculó a proceso a Mauricio “N”, y como medida cautelar, se decretó el arraigo domiciliario, con la prohibición de salir del municipio de solidaridad, para lo cual le fue retenido su pasaporte, dando como plazo para el cierre de la investigación dos meses; aclarando que dicho imputado seguirá detenido en virtud de las prisión preventiva que le fuera decretada en las otras dos carpetas administrativas que tiene en investigación.
