México, 12 julio; poderycritica.-El consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, reportó que en total se presentaron 23 denuncias penales por los hechos violentos ocurridos durante las elecciones del 1 de julio en la entidad.
Informó que las denuncias han sido interpuestas concretamente porque ese día grupos armados irrumpieron en algunas casillas con disparos al aire, «robando urnas, en otras quemándolas o vaciándolas».
Alrededor de 63 paquetes de una veintena de casillas «ya no se pudieron recuperar», expuso, en entrevista en el INE, tras reunirse con consejeros de la Comisión de Vinculación del INE con los Organismos Públicos Locales (OPL).
El consejero presidente de ese grupo, Jaime Rivera, expuso que en el INE sí hay preocupación, sobre todo por esos hechos violentos, pero fueron menores con relación al resto del proceso en el estado.
Esa violencia es inaceptable, es «condenable impedir la votación libre de los ciudadanos por eso el INE dio parte a las autoridades competentes» y junto con el Consejo Local y los Consejos Distritales del INE se trabaja para aclarar lo sucedido, aunque recordó que la responsabilidad de la elección local es del Organismo Público Local (OPL) en Puebla.
«Vemos con preocupación que la intervención de la policía estatal fue por lo menos tardía, aunque no sabemos por qué no se pudo atender con suficiente prontitud esto.»
«También entendemos que son hechos inesperados y que el desplazamiento de las fuerzas pudiera llevar algún tiempo, eso también vamos a tratar de esclarecerlo».
Pero en lo que toca a la responsabilidad del INE en materia electoral «estamos agotando la investigación aunque los resultados permiten decir que la jornada electoral tanto la federal como la local concluyó lo suficiente para dar resultados, pero hay delitos y corresponde a la procuraduría local investigar, deslindar responsabilidades y perseguir a los responsables», y a la Fepade resolver respecto a delitos electorales.
Rivera descartó que hasta ahora haya posibilidad de que se haya sustraído documentación oficial y que ésta hubiese estado irregularmente en manos de actores políticos.
