México, 26 junio; poderycritica.-La ONU-DH presentó la “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que se detalla que 46% de las personas que declararon ante el Ministerio Público tras ser detenidas manifestaron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos.
Las pruebas obtenidas bajo tortura y malos tratos son inválidas y deben ser excluidas por las autoridades, afirmó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien exhortó al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Jan Jarab, dijo que “a causa de la tortura, que una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Resultan anacrónicas y reprobables las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura y, con base en ellas, dan por hecho la culpabilidad de un delito a quienes la han sufrido”.
Ante esa situación, el representante de ONU-DH señaló que “las autoridades deben excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Son pruebas inválidas. La tortura no hace a una persona culpable o inocente de un delito; la hace víctima de un delito”.
La ONU-DH hizo un llamado “al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal” e instó a las autoridades a documentar de manera independiente los casos de tortura, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Recordó que cuando una persona manifieste que su confesión se obtuvo mediante tortura, al Estado le corresponde demostrar que el testimonio se hizo de manera voluntaria, porque de lo contrario debe eliminarse. Resaltó que la utilización de la tortura socava la credibilidad y la confianza en las autoridades y en el sistema de justicia.
