México, 01 marzo; poderycritica.-La noticia sobre la desaparición de tres italianos en Tecalitlán rápidamente escaló a nivel internacional. Y justo cuando las autoridades europeas solicitaban audiencia con las del Gobierno de Jalisco, el comisario de seguridad en aquel municipio, Hugo Martínez Muñiz, escapó.
Ni su jefe, el alcalde Víctor Díaz, sabe dónde está. El mando dejó de presentarse a trabajar desde el 20 de febrero. Hoy, se confirma que no tenía acreditadas sus pruebas de control y confianza.
A nivel nacional se han practicado estos exámenes a 11 mil 563 mandos (97% del total). De éstos, mil 323 reprobaron y no deben desempeñar ese puesto, pero autoridades federales, estatales y municipales se reservan la información de las corporaciones que representan.
Sobre el caso de Tecalitlán, la Fiscalía abrió una investigación por las pistas de colusión entre policías y el crimen organizado.
Ignoran si policías reprobados continúan en las corporaciones
Para el encargado de la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, Víctor Hugo Gutiérrez, la evaluación de los policías es una “fotografía del momento”. Y con base en eso, la dependencia que aplica las pruebas de control y confianza determina si los oficiales son aptos o no para desempeñar sus tareas. Al final, son los municipios quienes deben acatar la recomendación, aunque si no lo hacen tampoco están obligados.
Hoy, por ejemplo, el Centro sabe que el 13.9% de las evaluaciones aplicadas a los oficiales en el Estado (menos de tres mil) concluyeron con resultados no aprobatorios. Y de esa cifra, el Centro desconoce cuántos han sido despedidos o separados de las corporaciones.
“Ya no es una obligación; no lo tenemos previsto en la ley”, reconoce el director jurídico del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Luis Ignacio Bobadilla Ramírez. “No hay vinculación o acto-condición porque no trabajamos para ellos y porque no trabajan para nosotros”.
Según el funcionario, el Centro únicamente emite opiniones técnicas y la decisión de acatarlas recae en sus jefes: los alcaldes o el gobernador. “No podemos invadir esferas de competencia. Las personas acuden a nosotros, se les aplica un proceso y se emite una opinión técnica. Ya es facultad de los municipios, de los Cabildos, de los comisarios, del tesorero, finiquitarle y respetarle su garantía de audiencia y defensa a los elementos que resultaron no aptos para sus funciones”.
El problema es que las corporaciones no informan al Centro si despidieron al personal que, según las pruebas, no es apto para ese trabajo. Se le preguntó al funcionario si no es un riesgo dejar a criterio de la corporación esa tarea. Su respuesta: “Puede ser riesgoso, pero sí se está trabajando en la depuración (desde los municipios)”.
Hugo Martínez Muñiz es el director de la Policía de Tecalitlán, pero abandonó el puesto desde que ese municipio suena a escala internacional por la desaparición de tres ciudadanos italianos que, según las investigaciones, fueron entregados al narco por parte de sus agentes municipales. Está “ilocalizable”. De acuerdo con los encargados del Centro, el mando estaba en proceso de evaluación, pero ésta quedó inconclusa.
“El resultado lo tenemos a reserva dentro del Centro. Ya no se pudo hacer la notificación correspondiente, en virtud de los sucesos que ya se conocen”.
No obstante, afirma, tampoco es posible generalizar y relacionar en situaciones de este tipo a todos los oficiales que son considerados no aptos, porque hay muchísimas causas más por las que éstos reprueban. “Muchas veces faltó, tenía sus evaluaciones y lo comisionaron para otro tema; a lo mejor no llegó con la documentación completa o con los formatos escritos. Algunas veces están pasando por un tipo de duelo y las mismas pruebas no le son favorables en ese momento”.
Bajo esos supuestos, los oficiales pueden ser reevaluados, en tanto la dependencia para la cual trabaja así lo solicite.
«Misión»
El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza fue creado para “certificar, profesionalizar a los integrantes de seguridad pública y procuración de justicia y, como una consecuencia, también el depurar a los que no son los adecuados para estar dentro de esas funciones”.
Esa premisa se cumple a medias, pues el Centro no es el que depura; sólo el que sugiere hacerlo.
Proponen un centro nacional de reclutamiento
Porque la responsabilidad en el comportamiento de los mandos y los oficiales de la Policía debería ser asumida por los alcaldes o el gobernador, y eso no sucede, la asociación Causa en Común impulsará la creación de un organismo nacional que se responsabilice del reclutamiento y profesionalización de los agentes, así como de las bajas de los perfiles no aptos.
Actualmente, los Centros de Evaluación definen, con criterios técnicos, los perfiles aptos y los no aptos para desempeñar la labor policial, pero dejan en manos de los Ayuntamientos o del Gobierno del Estado la decisión de retirarlos. Y estos últimos no necesariamente reportan la depuración.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expone que actualmente sucede lo mismo que ocurría con los maestros antes de la reforma educativa: no se sabía cuántos había ni cómo trabajaban.
Así, el organismo cuya creación ya ha sido propuesta al candidato José Antonio Meade y al equipo de Andrés Manuel López Obrador (eventualmente se hará lo propio con Ricardo Anaya y los aspirantes a una gubernatura), debería estar a cargo de la parte administrativa en el proceso de formación policial, y la operativa quedaría a cargo del Estado y los municipios.
“No hay control. La ley marca que son, precisamente, los Estados y los municipios los responsables, y no lo están haciendo. Llevamos ocho años desde la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública y no avanzamos. Queremos ver si a través de un ente nacional por lo menos podemos tener más control de quiénes son los policías”.
Agrega que los Centros estatales sólo tienen una jurisdicción técnica: practican los exámenes de control y confianza, e informan los resultados a sus jefes.
En la teoría, los Centros informan si los oficiales aprobaron, si pasaron con alguna restricción (una enfermedad crónica, problemas de la vista o manejo de estrés, por ejemplo) o si reprobaron. Las corporaciones, también en la teoría, deben dar seguimiento a cada caso y procurarles, según el caso, apoyo médico, físico o psicológico.
“El problema es que eso no está sucediendo. Y no sólo en Jalisco sino en todo el país. No hay un control de quiénes salen con restricción”.
De acuerdo con la especialista en estos temas de seguridad, María Elena Morera, en el caso de los policías de Tecalitlán (donde los oficiales dejaron inconclusa su evaluación), es el alcalde quien debe asumir la responsabilidad por los actos de sus elementos.
“El procedimiento sería que el alcalde vea el último expediente de los policías y vea, primero, si estuvieron o no aprobados, revisar su hoja de vida, cómo se comportaron. Los municipios regularmente exigen sus recursos para seguridad a través del programa federal Fortaseg; sin embargo, cuando es tema de asumir la responsabilidad, entonces cambia”.
