Cancún, Q. Roo, 11 diciembre, poder&crítica.- Ante el aumento de actos delincuenciales, que dejan al descubierto la incapacidad de los gobernantes que controlan los cuerpos civiles de seguridad para dar garantías, la intervención de militares para labores de prevención, investigación, persecución y detención de delincuentes del fuero común, ya es sin duda una necesidad.
José Juan Chilón Colorado, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo, saludó la llegada de la polémica Ley de Seguridad Interior, cuestionada por ex relatores y el propio alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mediante una misiva, el jurista dio a conocer que los socios de órgano de leguleyos está “comprometido con la legalidad, la verdad histórica y jurídica que nos permita acercar al juzgador todos los elementos posibles para alcanzar justicia pronta y expedita”.
Chilón Colorado expuso que la iniciativa propone un marco normativo para las Fuerzas Armadas, que por años han realizado, a petición de los gobernadores de varios estados, trabajos de investigación, persecución de delitos y detenciones en materia de delincuencia organizad, lo cual es bueno para la nación.
Sin embargo, atajó, “no se debe olvidar que el Ejército fue creado para la guerra en caso de amenaza o invasión extranjera; proteger la soberanía de México es su principal objeto constitucional”.
“El aumento de actos delincuenciales han dejado al descubierto la incapacidad de los gobernantes que controlan los cuerpos civiles de seguridad para dar garantías, por lo que los castrenses deben realizar tareas civiles de prevención, investigación, persecución y detención de delincuentes del fuero común, ya es sin duda una necesidad.
“No por ello se debe soslayar la capacidad del Ejército, la Marina y en general de las Fuerzas Armadas, que ahora podrán hacer uso libremente de todos esos recursos contra civiles cuando se declare «amenaza a la seguridad interior», a criterio del Ejecutivo de algún estado o municipio del país, con el único objetivo de recuperar la paz y seguridad.
En ese sentido, el líder jurista dio la bienvenida a la Ley de Seguridad Interior que “reconocen a los mexicanos que realizan el heroico trabajo de salvaguardar la soberanía nacional, y ahora la seguridad pública, siempre y cuando se ejerza con estricto respeto a los derechos humanos, es lo que la sociedad exige y espera”, concluyó.
En tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió rechazar “esa ley porque es un proyecto preocupante y no adecuado para solucionar los problemas en esa materia”.
Por su parte, un grupo de ex relatores de las Naciones Unidas “constatamos cómo la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad; por el contrario, ha agravado las problemáticas de desaparición de personas, tortura y malos tratos, y ejecuciones extrajudiciales”, dijeron.
