Chetumal,Q. Roo, 29 noviembre, poder&crítica.- Al menos nueve de los 86 implicados en el saqueo de Quintana Roo ya se encuentran enfrentando la justicia.
El caso más reciente fue el de Ana Alicia Rivera Galera, contadora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), quien presuntamente ayudó al desvió de más de mil millones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), producto del contrato de extensión de concesión de DHC-Aguakan y además de otros 500 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada hizo efectiva una orden de aprehensión contra Rivera Galera por el delito de peculado dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017.
Después de su detención fue trasladada a la base de la institución para su certificación médica y posteriormente entregada al Juez de Control, en el interior del Centro de Reinserción Social de Chetumal.
Es importante precisar que los hechos que derivaron la carpeta administrativa fueron cometidos en agravio de la Administración Pública Estatal.
A Ana Alicia Rivera se le señala de ser la persona que autorizó el depósito de mil 50 millones de pesos que pagó DHC-Aguakan a CAPA, a finales del 2014, por la ampliación y extensión de la concesión de servicios de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, que menos de 48 horas después, simplemente se esfumó de las arcas públicas.
Sumado a esto, a finales del 2015 CAPA solicitó un crédito por 560 millones de pesos, pero de estos solo se recibieron 56 millones y el resto se desconoció su destino.
Todo esto durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, siendo Ana Alicia Rivera la responsable del destino de estos fondos.
