México, 08 noviembre; poderycritica.-La Cámara de Diputados aprobó, con 392 votos, un dictamen para adicionar un segundo párrafo al Artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de establecer que la denuncia popular sea anónima y se sujetará únicamente a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas.
El documento, que se envió al Senado de la República para su análisis, establece que el objetivo es dar a los mexicanos una herramienta que resta vulnerabilidad al denunciante, facilita el acceso a la justicia y posibilita la investigación y sanción por actos indebidos.
Actualmente, la Ley General de Desarrollo Social prevé la denuncia popular a efecto de que los beneficiarios puedan «alzar la voz y hacer valer sus derechos». Sin embargo, para poder interponerla se solicita al demandante datos personales como nombre completo, dirección y demás información que permitan su identificación, dejándolo expuesto a represalias y, en el peor de los casos, a retirarle el beneficio del programa, explica.
Al fijar su posicionamiento, la diputada Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, aseguró que con el dictamen se contribuye, en el ámbito federal, a fortalecer las denuncias que pudiesen surgir en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos en ese orden para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Señaló que se pretende mantener el anonimato si así lo desea el denunciante. Debe ser una prerrogativa que establece la ley en aras de favorecer la cultura de la denuncia y un mecanismo para proteger al denunciante, quien pudiera ser el propio beneficiario del programa social y que por su condición de pobreza y el temor a las represalias optara por el silencio.
Al no existir la posibilidad de realizar la denuncia anónima, la ciudadanía tiene baja participación, ya que se siente expuesta a posibles ataques, y esto sucede porque en la información no existe un candado que limite el conocimiento de las personas autorizadas a la protección y en el uso de la información del denunciante.
A su vez, la diputada proponente, Angie Dennisse Hauffen Torres, enfatizó que establecer que las denuncias populares puedan ser realizadas de manera anónima, da garantía a la secrecía de la información personal del denunciante y evitar posibles represalias.
Además, fomenta el ejercicio de la denuncia y coadyuva a la promoción de la honestidad de aquellos que administran y operan los programas sociales. «Esta iniciativa es viable, ya que no requiere modificaciones presupuestales y tiene un espíritu totalmente a favor de la transparencia y la participación ciudadana», puntualizó.
