Chetumal, Q. Roo, 05 octubre, poder&crítica.- Por mayoría de votos, la 15 Legislatura del Congreso del estado determinó la conclusión del periodo y no reelección del magistrado Numerario, Mario Aguilar Laguardia, electo en 2011 pese a su historial de denuncias en su contra por despojo y su nulo trabajo como consejero en el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).
Durante la sesión ordinaria de este martes, los diputados dieron por concluido el periodo de seis años por el que se le designó en octubre de 2011, por carecer de atributos de diligencia, excelencia, profesionalismo y eficiencia.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Justicia en el que se incluyen los motivos y fundamentos que llevaron a los legisladores a concluir que no cumplió con los requisitos idóneos para permanecer en el cargo.
La Comisión de Justicia señala una falta de interés del magistrado Aguilar Laguardia en prepararse, capacitarse y actualizarse profesionalmente, en materia de derechos humanos y en relación al nuevo sistema de justicia penal, al nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, al nuevo régimen de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y al nuevo sistema de combate a la corrupción.
El diputado Fernando Zelaya Espinoza, secretario de la Comisión de Justicia, expuso que durante los cinco períodos de adscripción del magistrado numerario en diversos órganos jurisdiccionales, su eficiencia y productividad registró una importante declinación entre el primer y segundo periodo de adscripción, al pasar del 100 por ciento al 71 por ciento, precipitándose entre el segundo y tercer periodo, pasando del 71 al 29.9 por ciento, recuperándose en el cuarto periodo al llegar al 80.5 por ciento, para reducirse al 61.5 por ciento en el último año.
“Respecto a las averiguaciones previas y las quejas administrativas de las que dan cuenta los informes rendidos por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, si bien se determinaron improcedentes, reflejan una conducta inapropiada e inadecuada para la investidura de un alto funcionario judicial, como lo es el magistrado interesado en su reelección, denotando sus constantes problemas, lo que se traduce en un daño a la imagen institucional del Poder Judicial del Estado y en una grave afectación a la confianza de la sociedad en las instituciones, particularmente en la que se deposita la administración e impartición de justicia”, cita el dictamen.
El presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila, informó que se notificará al ex magistrado y al titular del Poder Ejecutivo, respecto a la determinación tomada por el Pleno del Congreso para que, una vez que se realice la publicación correspondiente de los decretos, el Ejecutivo pueda enviar la terna para ocupar la vacante de magistrado numerario, procedimiento que se sujetará a lo establecido en la Constitución local y demás leyes vigentes.
