Mérida, Yucatán, 05 septiembre, poder&crítica.- La exploración y extracción de petróleo en las aguas profundas de Yucatán es “inminente”, expresó el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Campos Achach.
Durante su toma de protesta como nuevo líder de la iniciativa privada, el dueño de la pizzería Messina’s anunció los temas a los que le darán seguimiento; entre ellos, la instalación de la Plataforma de Yucatán para la explotación de los hidrocarburos, las campañas electorales rumbo al 2018 y la entrada en vigor de la versión 3.3 de la facturación electrónica.
Sobre la “inminente” explotación petrolera en las aguas profundas yucatecas, reconoció que “no es un hecho”, pero que será un tema del cual habrá pláticas.
Por su parte, el líder de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mérida, Juan José Abraham Daguer, declaró que se tiene que garantizar que no ocurran afectaciones a las industrias pesqueras y turísticas de la entidad, en caso de la entrada de empresas a explotar los hidrocarburos.
“No porque se le vaya a dejar dinero al estado, se perderá la paz social, tranquilidad o se afectará a otras industrias que pueden convertirse en focos rojos al perder sus fuentes de empleo”, expresó.
Por lo que los estudios de impacto social a los que están obligados a hacer las empresas deberán considerar los daños al tejido social y la convivencia entre los habitantes, porque se “pone en riesgo el nivel y calidad de vida en nuestro estado”.
Sin embargo, también destacó que entre un dos a tres por ciento de lo extraído deberá quedarse en la entidad, por lo que se calcula que serían tres mil millones de pesos. Ese dinero deberá ser vigilado por la sociedad, con la exigencia de transparencia en las obras, tanto en su gasto y ejecución, y que se refleje en la calidad de vida de la gente, señaló.
Enfatizó en que debe garantizarse que las empresas que realicen la exploración sean reconocidas por sus prácticas de compromiso social, medioambiental y contar con un historial limpio en lo relativo a los accidentes y derrames, así como ser capaces de explorar en aguas profundas.
Indicó que la exploración que se plantea sería a 240 kilómetros de la costa yucateca, por lo que también deberá saberse si la entidad será el centro de la misma o se aprovecharán las instalaciones de Ciudad del Carmen y Tabasco. “Al no haber una refinería en Yucatán, lo más lógico es que el petróleo crudo que se obtenga se vaya a alguna de las refinerías”.
CCE contra SAT
El nuevo presidente del CCE también declaró que el organismo empresarial rechaza la implementación del nuevo sistema 3.3 para la facturación electrónica, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Afirmó que las empresas se verán obligadas de nueva cuenta a destinar sus recursos económicos para adquirir equipo de cómputo, software y contratación de capacitación especializada para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales, en lugar de invertir sus recursos en ser más competitivos.
También manifestó sus quejas con respecto a que el esquema de facturación para las empresas grandes sea el mismo que para las pequeñas, a lo que calificó como “incongruente”.
Para las empresas que no están familiarizadas con el uso de equipos de cómputo o Internet, “estos cambios pueden originar el cierre de sus establecimientos al no poder cumplir con los nuevos requisitos de la facturación electrónica por carecer de la estructura administrativa, equipamiento e infraestructura mínimas, que les permitan solventar estos cambios”.
Abraham Daguer también declaró que es inentendible cómo las empresas que usaron los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente, para desviar los recursos públicos pasaron desapercibidas para el SAT durante tantos años, pero se van contra aquellas que no cumplen al 100 por ciento los requisitos porque aún se adaptan al nuevo esquema de facturación.
Consideró que se propicia la informalidad, porque muchas empresas no pueden adaptarse a las nuevas regulaciones.
El presidente saliente del CCE, Gustavo Cisneros Buenfil, señaló que el SAT exige 150 mil para regulaciones en los diferentes trámites empresariales de todos los sectores, por lo que son trabas para su operación.
La Jornada Maya
