Chetumal, Q. Roo, 23 agosto, poder&crítica.- La falta de personal especializado en agrimensura y peritos en contabilidad ha provocado que el desahogo de las pruebas periciales en las investigaciones contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, avancen con lentitud al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El fiscal general, Miguel Ángel Pech Cen, fijó que si bien es cierto que se han logrado órdenes de aprehensión, admitió que los desatinos de los jueces de control al filtrar información generó que algunos ex funcionarios públicos iniciaran el trámite de amparos.
“Se filtró una serie de datos y muy mal por parte de la persona que fue detenida, y esperemos que en las próximas órdenes de aprehensión estas anomalías sean corregidas”, dijo para explicar que de su parte no ha revelado datos de las órdenes de aprehensión como se había dado a conocer a finales de julio pasado.
También se han tenido problemas porque no hay los suficientes peritos en agrimensura para la identificación de los predios, sobre todo aquellos que están perdidos en áreas lejanas, “a veces ni siquiera factibles de entrar y las periciales deben ser concretas para la identificación de predios que han sido originalmente administrados por el Instituto del Patrimonio y que por alguna razón salieron de ese control”.
“No es un trabajo de unas horas, ni de unos días, hay periciales que nos han llevado hasta tres meses en su realización y en esta inercia también estamos trabajando”, indicó.
Luego de afirmar que ningún amparo es perpetuo, dado que se otorga o se niega, dijo que hay causas de sobreseimiento porque a veces los interesados no asisten a la protesta de decir verdad y promueven como si fuera el primero, cuando ya lo hicieron anteriormente, la FGE litiga un asunto en donde se giró un amparo con una firma falsa, aunque omitió dar detalles de la persona que lo promovió.
“Estamos litigando incluso posibles incidentes de falsificación de firmas, estamos convencidos por muchas razones que en uno de esos amparos la firma que está falsificada y estamos promoviendo lo pertinente a través de la representación social federal con la cual nos estamos auxiliando por el equipo de fiscales responsables de cumplir todas estas carpetas”, afirmó.
El fiscal dijo que el Código Penal del estado para el delito de querella es claro y que estos prescriben al año a partir del conocimiento de los hechos y de la persona que se conozca y en el caso de los ex funcionarios, en su totalidad de los delitos que se establecen en las carpetas son del orden público no entran en los términos de la querella.
En este sentido, abundó sobre el caso del ex gobernador Roberto Borge en las que él ha llevado y transportado con oportunidad las órdenes de aprehensión y en los tiempos que le fueron otorgadas en términos generales a la propia fiscalía “nosotros cumplimos en tiempo y antes de que se venzan esos 60 días, pues la PGR como lo que le toca a SRE”.
“Si ustedes se preguntan cuál ha sido el éxito de la Fiscalía, primero que se haya otorgado por los jueces significó que haya elementos conforme al procedimiento penal acusatorio, que hayan sido integradas por parte de los procedimientos de extradición también es otra señal de cauce legal y ahora las autoridades panameñas con base en el convenio de extradición entre Repúblicas, pues ahora tienen el balón jugando en su cancha y tendrán que resolver sobre ello en las bases aportadas”, dijo.
Añadió que será respetuoso del fallo, pues aún hay instancias a las que puede recurrir a través de las agencias diplomáticas que son las que auxilian a la Fiscalía de Panamá en este asunto.
