Venezuela, 14 agosto; poderycritica.-La oposición venezolana ha despertado de su letargo y ayer, luego de dos días, rechazó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible “opción militar” en Venezuela para poner fin a la crisis que atraviesa, y manifestó su desprecio antes la presencia intervencionista de Cuba.
A través de un comunicado de prensa, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) refutó “el uso de la fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por parte de cualquier país en Venezuela”.
Sin embargo, en el escrito, donde por primera vez la alianza opositora y sus líderes se refirieron a las declaraciones de Trump, la MUD no mencionó directamente al mandatario estadounidense.
Empero, la alianza opositora concentró en el comunicado sus críticas sobre “la presencia e injerencia” de Cuba en “los asuntos internos” de Venezuela, que habría sido permitida desde 1999, primero por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez y ahora por su heredero político, Maduro.
“No puede haber doble moral. No se puede condenar una amenaza”, mientras “se desangra el país con políticas entreguistas”, agregó el comunicado.
“Venezuela tiene años intervenida militar y políticamente por Cuba, no sólo afectando nuestra soberanía e independencia, sino también constituyendo una de las principales causas de la violencia y la represión por parte del Gobierno”, agregó.
La declaración de Trump parece haber sido un detonante para establecer alianzas entre chavistas y opositores, y ayer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó la advertencia del presidente estadounidense y llamó a los venezolanos a repudiar esta “confesión imperial” de pretender “invadir y secuestrar al país con las armas”.
“El mundo entero debe repudiar estas afirmaciones vergonzosas que sólo dejan de manifiesto el talante guerrerista de los Estados Unidos y su ambición de controlar las riquezas naturales del país, que sólo y únicamente pertenecen a los venezolanos”, dice un comunicado firmado por el presidente del Supremo, Maikel Moreno.
CHAVISMO ACORRALA A OPOSITORES
Justicia ha procesado a 21 alcaldes en 4 años
Al menos 21 alcaldes opositores han sido procesados por la Justicia durante el Gobierno de Nicolás Maduro, en el poder desde abril de 2013, informó ayer Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).
El jurista explicó que los tribunales del país han emitido órdenes de captura contra seis ediles que actualmente están prófugos de la Justicia, mientras que hay otros cuatro con medidas privativas de libertad y que engrosan la lista de los llamados “presos políticos”.
Romero detalló que el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado medidas cautelares contra otros cinco alcaldes —que les advierten penas de cárcel—, cuatro ya fueron destituidos mediante distintos mecanismos y otros dos tienen procesos judiciales abiertos.
Además, en los últimos meses, una decena de opositores, algunos potenciales candidatos a gobernadores en los comicios de octubre, han sido enjuiciados, encarcelados o inhabilitados políticamente; mientras que otros se han exiliado o han ido a la clandestinidad para escapar del sistema de justicia, al que acusan de parcial e ilegítimo.
Buscan a 23 por asalto a cuartel
Las autoridades venezolanas están tras la pista de 23 personas presuntamente implicadas en el asalto al fuerte Paramacay, una unidad militar ubicada en el litoral del país, informó ayer el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González.
Agregó que 18 personas ya han sido detenidas, entre las que figuran seis militares desertores y otros dados de baja en años recientes, un ex miembro de la policía política, y miembros de gremios profesionales, acotó el funcionario. Entre los capturados se cuentan Juan Caguaripano Scott, ex capitán de la Guardia Nacional, y el primer teniente Yefferson García, quienes son señalados como los autores materiales e intelectuales del asalto.
Asimismo, anunció que el Estado venezolano por orden del Gobierno de Nicolás Maduro libró “órdenes de captura internacional” con solicitud de código rojo a Interpol contra nueve personas “por estar involucrados en actos que atentan contra la estabilidad y la paz la patria”.
Entre esas personas están la periodista venezolana Patricia Poleo, los ex dirigentes estudiantiles Nixon Moreno y Roderick Navarro, y varios hombres que formaron parte de los cuerpos de seguridad del país caribeño.
