OPINIÓN

Ideota

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En este país hay muchísimos proyectos productivos y de infraestructura con el potencial de generar centenares de miles de empleos y mucho crecimiento económico. Presas, aeropuertos, puertos, carreteras, parques industriales, desarrollos turísticos, clubes de golf, gasoductos, minas… La lista es amplísima. Y muchos de esos proyectos han sido parados por razones ecológicas. Muchas veces, detrás de la negativa de algunos grupos de activistas en realidad se esconden intereses políticos, de monopolios, de intentos de obtener dinero a cambio de que “el pueblo” permita la construcción. En México tenemos una gran necesidad de esos proyectos. Hay un lentísimo crecimiento económico, un déficit de empleos, infraestructura deficiente, pobreza. Urge que se realicen.
Los que tenemos oportunidad de conocer lugares como Orlando, en medio de la nada, somos testigos de que se pueden crear centenares de miles de empleos en una zona donde antes nada más había pantanos y cocodrilos. Desde luego que hay que hacer Estudios de Impacto Ambiental. Pero yo creo que el gobierno debe autorizar los proyectos con más probabilidad de generar empleos, riqueza, infraestructura, aunque para ello se tenga que construir tumbando árboles. El gobierno debería autorizar, digamos, que se destruyan 50,000 hectáreas de nuestros ecosistemas a cambio de trabajos, infraestructura, progreso. Así de directo. Hoy necesitamos más un millón de empleos extra que esas 50,000 hectáreas.
Antes de que los de Green Peace y los defensores de Usos y Costumbres me linchen, la propuesta no termina ahí. Sí, creo que se puede emplear 50,000 hectáreas en proyectos productivos aunque tengamos que tumbar árboles y bailar Jarabe Tapatío en las plantitas muertas. Pero a cambio de algo.
Se debería de poner un impuesto, derecho, tarifa, arancel o como le quieran llamar a las empresas que desarrollen los proyectos. Pienso por ejemplo en un cobro (adicional, desde luego, a los demás impuestos aplicables) de $10,000 mensuales por hectárea destruida. Ese dinero se deberá entregar el primer día de cada mes, sin posibilidad de exención. Se puede pedir a las empresas una fianza que garantice 5 o 6 años de ese cobro, para que si la empresa quiebra no se quede ese dinero sin cobrar.
¿Y qué hacemos con ese dinero? Se lo damos a los campesinos que sean dueños en conjunto de las 500,000 hectáreas menos productivas del país. No nos engañemos: en México, en general, los campesinos no realizan un buen trabajo en términos de productividad. Varios siguen recibiendo subsidios, ayudas, regímenes fiscales especiales, precios de garantía, PROCAMPO, OPORTUNIDADES, CRUZADA CONTRA EL HAMBRE y varias cosas más DESDE TIEMPOS DE SUS BISABUELOS, a los que Lázaro Cárdenas les dio las tierras. No le demos vuelta: un “negocio” que desde 1936 está funcionando, y no ha hecho más que perder dinero a lo largo de cuatro generaciones, NO es negocio. Gran parte de la culpa de ese fracaso es nuestra maldita manía de ensalzar los “usos y costumbres”, aunque sea más que obvio que no funcionan. ¿Y si mejor les pagamos a esos campesinos para que siembren árboles y los cuiden? Nos ahorramos mucho dinero en subsidios, nos ahorramos muchísima agua que hoy se desperdicia en regar campos que producirán muy, muy poco.
Entonces, la propuesta es en resumen: que un empresario que proponga un proyecto de, digamos, 10 hectáreas, meta dentro de sus flujos la consideración de que debe pagar $100,000 al mes. Ese dinero va para campesinos que convertirán 100 hectáreas de tierra de uso agrícola en nuevos bosques o selvas, según el ecosistema en el que se encuentren.
Los empresarios generan empleos, infraestructura y riqueza. Los campesinos reciben dinero directamente de la iniciativa privada para reforestar sus pésimamente administradas tierras. El ingreso de los campesinos se incrementa. Se pierden 50,000 hectáreas de árboles pero se recuperan 500,000. Y no nos engañemos, esas 500,000 hectáreas jamás producirían lo que las 50,000 que presenten, por su localización, la mayor posibilidad de generar riqueza.
Si un proyecto fracasa, se hace uso de la fianza para que los excampesinos, hoy reforestadores, sigan recibiendo los recursos. Se licita esa misma tierra a otra empresa, quien tendrá dentro de sus obligaciones, desde luego, el mismo pago mensual que la anterior o que las que sigan.
¿No valdría la pena que nuestras autoridades contemplen, aunque sea, esta idea o alguna variante similar?



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