Dirigentes del PRD y PAN en Ciudad del Carmen señalan que José Antonio Ruz Hernández debe ser enjuiciado y sancionado y que el dinero malversado sea regresado a los recursos del Estado
El rector de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), José Antonio Ruz Hernández, debe renunciar, ser enjuiciado y encarcelado si se le comprueba que fue parte de un fraude millonario de recursos públicos, coincidieron en señalar políticos de la
entidad.
Como informamos ayer, de acuerdo con un reportaje publicado por los portales Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, bajo el título “Estafa maestra: Graduados en desaparecer dinero”, directivos de la Unacar, encabezados por el rector Ruz Hernández, recibieron una comisión por el desvío de 331 millones 241 mil pesos que se destinarían a la ejecución de 11 convenios firmados por Pemex, Sagarpa y Senasica.
Según el reportaje, además del actual rector de la Unacar, otras siete universidades fueron cómplices del desvío de 3 mil 400 millones de pesos, al ser utilizadas como intermediarias entre las dependencias federales y 186 empresas irregulares o inexistentes.
Sobre el tema, el presidente estatal del PRD, William Mena Flores, exigió una investigación exhaustiva en contra de Ruz Hernández, para quien pidió cárcel y que el dinero malversado sea regresado a los recursos del Estado. Llamó a que la Auditoría Superior del Estado y la de la Federación deben interceder de manera inmediata.
Opinó que el protocolo para una escuela de nivel educativo básico, medio o superior, es separar del cargo al docente o director de manera inmediata, para no entorpecer las investigaciones de las autoridades; en este caso, por ser una universidad autónoma es el Consejo Universitario en que debería de tomar la determinación, aunque se sabe que éste está integrado por personas allegadas al actual rector, por tanto no se ha pronunciado sobre el millonario fraude.
Mena Flores fue más allá al señalar que hay recursos públicos de por medio que fueron mal utilizados por el rector Ruz Hernández, incluso podría tratarse de posible lavado dinero, que es un delito grave en los códigos penales del país, por ello exigió que las investigaciones lleguen a las últimas consecuencias, y que no ocurra como en ocasiones anteriores cuando por malversación de fondos públicos, solo se aplican sanciones pero no cubren en su totalidad el monto de lo defraudado.
ATENTADO A LA UNACAR
Por su parte, Sebastián Calderón Centeno, presidente del Partido Acción Nacional en Ciudad del Carmen, opinó que se debe castigar a quienes participaron en estos convenios y atentaron en contra de la comunidad universitaria.
“La Auditoría de la Función Pública debe hacer lo propio para que se haga valer la ley y no se permita que los recursos económicos no se inviertan en cuestiones de la universidad en beneficio de los estudiantes”, dijo.
Señaló que se está causando un daño irreversible a la casa de estudios de la isla, y por ello los propios alumnos repudian esta situación.
El panista se manifestó en total desacuerdo por la formación que le están dando a los futuros profesionistas, en una universidad que es dirigida por un rector que presuntamente incurre en delitos, dando un mal ejemplo al involucrar a la Unacar en el desvío 337 millones de pesos mediante convenios que fueron firmados a sabiendas que constituían un fraude
FUENTE/NOVEDADES CAMPECHE